175 Años Frente A Los Abusos. Del Banco Español De San Fernando (1837) a Activa (2009). Origen y Formato Actual

El bufete Moreno-Luque recupera una antigua tradición familiar iniciada en el primer tercio del siglo XIX con el ejercicio por cuenta propia de actividades de banca, con la representación de las casas Rothschild en Madrid, y con la prestación de importantes servicios al Banco Español de San Fernando (antecedente del Banco de España), asumiendo la obligación específica de "reclamar, ante todos, los abusos que observaren en las operaciones del banco así como de examinar y comprobar sus memorias y cuentas".

En su formato actual, el éxito y consolidación del Bufete se produce en los años 80, en los que los profundos cambios y transformaciones que experimenta el sistema financiero español generan una demanda de servicios legales en los que el estudio, la innovación y la gestión tienen una aplicación intensiva y, por tanto, sólo al alcance de bufetes muy especializados y sensibles a los cambios en los procesos de expansión, desintermediación e innovación financiera. Clave en estos procesos ha sido el crecimiento y el desplome en nuestro país de las instituciones de inversión colectiva, uno de los campos que más ha interesado y en el que más intensamente ha intervenido el Bufete.

El Bufete Moreno-Luque cuenta con la experiencia y está capacitado para identificar, comprender, evaluar y procesar los cambios, cada vez más complejos, heterogéneos, diversificados y conflictivos, que se están produciendo en los mercados de capitales, y en el derecho, la economía financiera y contabilidad que los sustenta y explica, y que han tenido como consecuencia, desgraciadamente, una importante erosión y destrucción del ahorro popular.

Activa, Un Caso Ejemplar De Resistencia Frente A Los Abusos

Nuestro Bufete, respondiendo a la demanda de legalidad, de eficiencia y de imparcialidad de un importante número de partícipes afectados por el colapso del fondo Santander Banif Inmobiliario, elaboró un plan de actuación para la protección de los intereses patrimoniales de los partícipes, después de analizar en profundidad la evolución de este fondo en los últimos años y lo acontecido en los últimos meses, que ha terminado en la suspensión de los derechos de reembolso y en la liquidación encubierta y descontrolada del mismo, y de estudiar asimismo el desconcierto y la confusísima situación creada por el Santander y la CNMV, que la declaración del carácter no público en los procedimientos judiciales en curso no contribuye a despejar.

Nuestros analistas estudiaron las causas próximas y remotas del colapso del fondo y lo anómalo de su naturaleza financiera y jurídica que nada tenía que ver con la de un fondo inmobiliario y sí con un instrumento financiero destinado simplemente y llanamente a la expoliación de los partícipes y al enriquecimiento de sus promotores, comercializadores, gestora y depositario. Dado que el fondo siempre estuvo en situación de pérdidas de explotación, los reembolsos fueron posibles gracias a las suscripciones en un típico esquema piramidal.

Dicho plan tiene como objetivo prioritario impedir la pretensión de la gestora y del depositario de liquidar el patrimonio del fondo, propiedad de los partícipes, sin la necesaria información, planificación y control y, por si fuera insuficiente, cobrando unas comisiones de gestión y de depositaría, inadecuadas en una situación como la presente de naturaleza concursal, y más si se tiene en cuenta las cantidades ya cobradas por ambas, en concepto de comisiones explícitas, calculadas en función del patrimonio y absolutamente desproporcionadas en relación con los pésimos resultados obtenidos hasta este momento.

Asimismo, el plan pretende la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan causado o se causen en el patrimonio del fondo con ocasión o como consecuencia de la actuación de los poderes públicos (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y Ministerio de Economía), si se hubieran producido o se produjeran deficiencias en la regulación y/o en la supervisión de los implicados en el cierre y/o en la liquidación del fondo o en la concesión y/o mantenimiento de las autorizaciones administrativas de la gestora y del depositario. Igualmente, el plan persigue conseguir la correspondiente indemnización de las entidades supervisadas implicadas en el fondo Santander Banif Inmobiliario por los daños y perjuicios que hayan causado o causen con ocasión o como consecuencia de su actuación. La indemnización de daños y perjuicios tendría que deslindar la cuota de responsabilidad de los supervisores y de los supervisados.

A estos efectos, y con el objeto de hacer posible una actuación colectiva, minimizando los costes e incrementando los medios y la eficiencia, se ha constituido una asociación denominada "Activa", que cuenta actualmente con más de 500 asociados y mantiene varios procedimientos judiciales contra las personas e instituciones responsables del colapso del fondo.

Activa es un caso ejemplar de resistencia frente a los abusos. Sorprende que ante la fachada de la CNMV y del Banco de España se haya podido comercializar un fondo especulativo a inversores con un perfil conservador y de riesgo bajo con un horizonte temporal de permanencia de 3 a 5 años. El fondo se dedicaba a comprar inmuebles con el dinero de los partícipes para su explotación en alquiler en exclusivo beneficio del Santander.

La sobrefacturación también se da en los fondos inmobiliarios y en los fondos de pensiones.