La Necesidad De Asistencia y Asesoramiento Jurídico a Los Inversores En Nuestro País

La información disponible demuestra que los partícipes de los fondos que ponen todo el capital y asumen por entero el riesgo y los efectos de una severa inflación y de una presión fiscal que grava una rentabilidad inexistente, no obtienen, en su mayoría, un solo euro de rentabilidad real, mientras que la industria, incapaz de gestionar decorosamente los ahorros de los pequeños inversores, se ha llevado cantidades absolutamente desproporcionadas (por encima de cualquier nivel de tolerancia) en relación con las rentabilidades nominales obtenidas.

Según los estudios disponibles, en el periodo 1991-2009, la industria financiera destruyó valor por 118.000 millones de euros en los fondos de inversión españoles bajo su gestión. Los partícipes pagaron, nada menos, a la industria financiera en concepto de comisiones y gastos la cantidad de 39.000 millones de euros.

Entre 2000 y 2008 las comisiones de los fondos de inversión españoles y demás gastos duplicaron el raquítico rendimiento nominal de los fondos de inversión.

La rentabilidad nominal promedio de los fondos de inversión y de pensiones en los últimos 3, 5 y 10 años fue inferior a la inversión en bonos del estado a cualquier plazo y a la inflación.

El decepcionante resultado global de los fondos de inversión y de pensiones se debe a las elevadísimas comisiones y a las desafortunadas decisiones de inversión.

Desgraciadamente, la situación de los pequeños inversores se está agravando día a día, la industria es más pequeña y débil aunque igual de codiciosa, la capacidad de los mecanismos y de las instituciones que tienen encomendada la protección de los inversores no ha mejorado y ha quedado acreditada la contribución muy negativa que han jugado en este contexto las instituciones financieras que promueven los fondos y sociedades de inversión y, especialmente, las que han liderado y han venido marcando el paso de la industria de la inversión colectiva, que han jugado un papel extraordinariamente relevante en la erosión y destrucción del ahorro popular, primero y en el desmantelamiento de buena parte de la industria, después.

Los accionistas de las sociedades cotizadas en las bolsas españolas, tampoco están satisfechos ya que la remuneración de sus consejeros es de las más altas de Europa. Por el contrario, según los estudios disponibles, la creación de valor para el accionista de las 125 empresas principales que cotizan en la bolsa española ha sido de 100.160 millones de euros en 2009, frente a la destrucción de valor en 2008 que fue de 419.987 millones de euros, y la que se está produciendo en 2010, que alcanzaba el 4 de junio 155.000 millones de euros.

Tampoco están contentos los inversores en acciones preferentes ni los inversores en bonos convertibles ni los inversores en productos estructurados, que han originado importantísimas pérdidas de difícil evaluación. Y no digamos si estos inversores lo han hecho de forma apalancada.

Los malos resultados no sólo se registraban en la gestión tradicional de los fondos financieros sino también en la gestión de las sociedades de inversión aunque se les aplicaron menores comisiones, en la gestión alternativa que también ha sido un desastre y en los fondos inmobiliarios que han originado el mayor escándalo financiero de la historia de la inversión colectiva española, ya de por sí escandalosa.

La capacidad financiera y el potencial del ahorro popular confiado a los fondos de inversión y de pensiones, que tienen una participación extraordinariamente baja en la capitalización bursátil española y que han sufrido un importante desplome, es, todavía, impresionante. A 31 de diciembre de 2009, 5,61 millones de partícipes de fondos de inversión tenían un patrimonio de 163.000 millones de euros. A 31 de diciembre de 2009, 10,7 millones de partícipes de fondos de pensiones tenían un patrimonio de 84.800 millones de euros. Piénsese que con los ahorros confiados a los fondos de inversión y de pensiones se podría hacer, en el momento actual, una OPA sobre la totalidad de las acciones del Banco de Santander, del BBVA, del Banco Popular, de Banesto, del Banco de Sabadell y de Bankinter.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre la imparcialidad y el papel que ha jugado la CNMV, la DGSFP y el Banco de España, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la hora de establecer un marco competitivo que permitiera la óptima utilización de los recursos financieros disponibles y un marco justo y eficiente para los inversores.